De Venezuela al resto del mundo

Por Ana Julia Jatar

Desde esta Venezuela queremos alertar al mundo que después del revocatorio presidencial del pasado 15 de agosto, la democracia en este país se ha venido erosionando aceleradamente.

Es cierto que si bien se siguen planificando elecciones, la línea de separación entre los poderes públicos cada vez se hace más borrosa, lo cual a su vez está generando una creciente desconfianza en el sistema democrático.

Y es que tal como lo expresa la Carta Democrática en su artículo 3, los elementos esenciales de la democracia representativa no son sólo la celebración de elecciones periódicas, libres, justas sino la separación e independencia de los poderes públicos. Tal como lo dijera el Centro Carter en su comunicado sobre la situación política en Venezuela el 24 de febrero del 2005: “La falta de consensos básicos se evidencian, entre otros... en los mecanismos más adecuados para garantizar la efectiva separación de poderes”.

La falta de separación entre los poderes públicos está generando una amplia desconfianza de los venezolanos tanto en el poder electoral (según encuestas recientes 37% de los votantes no cree en la independencia del Consejo Nacional Electoral) como en la independencia de la justicia. Los preocupantes avances de un autoritarismo creciente con fachada de democracia justifican la desconfianza ciudadana.

Me explico.

Sin hablar del pasado lejano, sólo tomando en cuenta lo que ha sucedido desde el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004 hasta la fecha, el gobierno del presidente Chávez con su partido el MVR y con la alianza de algunos micropartidos de izquierda, ha logrado con mayoría simple en la Asamblea Nacional cambiar un conjunto de leyes claves para la independencia de los poderes públicos que antes requerían de una mayoría calificada de dos tercios.

El proceso se inicia cuando la mayoría simple constituida por la alianza de partidos que apoya al gobierno del presidente Chávez modifica siete veces el Reglamento de Debates de la Asamblea Nacional hasta lograr cambiar las reglas que le permitan aprobar, a su vez con mayoría simple, leyes que antes requerían de la aprobación de por lo menos las dos terceras partes de los votos del parlamento.

De esta manera logran cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la cual establecía en su artículo 4 que el número de magistrados de la más alta autoridad de la justicia venezolana podría ser aumentado por el legislativo sólo “mediante acuerdo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros” por un complicado y largo mecanismo que al final les permitió aumentar el número de magistrados de 20 miembros a 32 sólo con la aprobación de una mayoría simple.

Quienes estén interesados en el mecanismo sólo tienen que leer el complejo artículo 8 de la nueva Ley del Tribunal Supremos de Justicia.

Luego de la ampliación del número de magistrados se eligió el Nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien se declaró públicamente “revolucionario” y ofreció destituir a aquellos jueces que no aseguren su lealtad a la revolución. Esto es particularmente preocupante en nuestro país porque 80% de los jueces son los llamados “accidentales”, es decir, elegidos sin concurso, por períodos de tres meses renovables. Esto ha sido denunciado reiteradamente por la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch.

Esta ampliación “revolucionaria” de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia también le ha hecho un gran daño a la ya precaria credibilidad del ente encargado de los procesos electorales. Ante la reciente falta absoluta de dos de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral no se permitió que los rectores suplentes ocuparan los cargos vacantes tal como lo establece el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Tampoco se exhortó a la Asamblea Nacional a elegir a los nuevos rectores, tal como reza el artículo 296 de la Constitución.

En cambio, el nuevo TSJ, a nuestro juicio ilegalmente, designó a los dos nuevos rectores quienes resultaron ser claramente partidarios de la línea del Gobierno, haciendo más evidente la parcialización de la directiva electoral.

Como ya lo dijera Wendell Phillip: “La eterna vigilancia es el precio de la libertad”. Le pedimos a la comunidad internacional que nos ayude en esta difícil y peligrosa tarea que tenemos por delante.