“...Fitcar, la exposición de mentiras que arranca hoy en La Carlota, y cuya imagen es una modelo que tiene todos sus reales en el exterior, que creó una fundación buenísima para evadir impuestos, que no ‘disfruta’ de las mieles chavistas que nos han impuesto en Venezuela porque vive en el Europa, y que por unas lochas –para esto siempre serán unas lochas- presta su imagen para promover irrealidades en un país donde los niños se están muriendo de hambre...”Patricia Poleo, El Nuevo País, 6/10/05
Ya estamos acostumbrados a que una cosa dice el presidente en sus delirios psicotomiméticos y otra la que pasa en la realidad. Si está en Guayana, promete acabar con las transnacionales que depredan el ambiente y se llevan las riquezas; y si está en la Sierra de Perijá promete lo mismo pero adornándolo con la defensa indígena. Y lo que pasa en la realidad es al revés. El denominador común pareciera ser que les importa un carajo lo que digan y menos lo que suceda. Veamos, por ejemplo y más allá de la cotorra hueca, la acción depredadora y antinativa con que se está explotando el carbón en la Sierra de Perijá.
Dentro de los shows presidenciales, que se montan semanalmente a montones y donde el sol sale sólo en él, hubo uno escenificado para los indígenas Barí y Yupka en el municipio Machiques, Perijá, donde dijo que revisaría las concesiones carboníferas y que acabaría con quienes atentaran contra el ambiente y los indígenas. Pero lo que se ha hecho es abrir las minas y desalojar a las comunidades, a pesar de que una comisión gubernamental recomendó al presidente no abrir las minas de carbón aguas arriba de las represas en el río Socuy (que aporta el 60% del agua a Maracaibo), ya que más de 2 millones de personas quedarían sin agua (y no hay fuentes alternativas).
Pero, además, el general retirado Martinez Mendoza es presidente de Corpozulia y de Carbozulia y él también marcha adelante con furia en este “indigenicidio”. Resulta que en esta subregión guajira (municipios Mara, Páez, Padilla) hay carbón para 60 años (7 mil millones de toneladas) que significarían 350 millardos de dólares. Chávez firmó un convenio con el gobierno de Lula (hoy atacadísimo por la corrupción) para la entrega del río Socuy a la gigante empresa minera Vale Do Rio Doce, incluidas las tierras de los Wayuú, siembras, cabras y chivos.
(Honor a quien honor merece: esta “integración” Venezuela-Brasil no se ha dado gracias a la resistencia indígena y la ONG “Sociedad Homo et Natura”, de la cual es miembro el antropólogo zuliano Lusbi Portillo, cuya pelea es contra el anuncio del general retirado Martínez Mendoza según lo cual la explotación del carbón en la mina del Socuy comenzará en enero del 2006. Esta gente, ecológicamente consciente, está amenazada de agresiones varias, y “si ocurre alguna muerte o agresión contra la comunidad o contra los ecologistas, hacemos responsable al presidente de la República”, dicen.)
El mensaje de este asunto es que esa explotación minera afectará las tierras no solamente de los Wayuú, también de los Barí y Yupkas. Y esta gente está siendo “ablandada”, con camiones repletos de guardias nacionales, que aterrorizan y exigen el desalojo (“o les quemarán las casas”). A los indígenas los han golpeado, esposado, amarrado y torturado. Al Wayuú que no sepa el número de su cédula se la rompen y lo ponen preso (un indígena, José Manuel González fue a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a mostrar el ojo que casi pierde por la paliza que le dieron).
Mientras a los indígenas los reprimen y amenazan de muerte, como consta en el cajón del olvido gubernamental, la Guardia Nacional escolta, defiende y protege a los pudientes (como la empresa irlandesa Carbonífera Caño Seco), crea el Teatro de Operaciones Nº 4 con 5 mil efectivos, supuestamente debido a la construcción futura del gasducto transgüajiro que irá hacia Colombia, América Central, México y Estados Unidos. Este gasducto es exógeno, obedece a una planificación pensada y aplicada desde el exterior, respaldada por una batería de transnacionales.
Los Wayuús de la zona no están promoviendo al turismo bolivariano, como hace la Wayuú Patricia Velázquez, ya que están descubriendo que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas es letra muerta, como bien lo confirma la procuradora Marisol Plaza al decir que esta ley está limitada debido a que el gobierno puede abrir las minas cuando quiera. Tampoco hay mucha esperanza cuando la Misión Guaicaipuro del Ministerio del Ambiente prohibe a los indígenas demarcar las tierras de sus territorios. En cuanto a la Wayuú Velázquez, es una lástima que ni siquiera la saquen bonita en las cuñas turísticas bolivarianas…
por Alberto Rodríguez Barrera
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